Entre finales del siglo XX y principios del siglo XXI, la mirada legislativa y jurídica que hasta ese momento era hegemónica sobre la infancia en la Argentina se vio fuertemente transformada a partir de una serie de procesos que se venían sucediendo desde la vuelta de la democracia. La sanción de la Convención Internacional de los Derechos del Niño en 1989 implicó la constitución de un movimiento conformado por activistas y militantes que comenzó a reclamar la implementación local de dicha convención, por medio de una nueva legislación de niñez.